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El Gobierno plantea penas más severas para homicidios, robos y explotación sexual infantil, elimina la prescripción en delitos graves y fija nuevas reglas para impedir la liberación anticipada. El Gobierno de Javier Milei avanza en la redacción de un nuevo Código Penal que propone una reconfiguración del sistema punitivo argentino para “terminar con la impunidad”. El mismo se confeccionó con la intención de generar cambios en la legislación penal que pongan fin a lo que describen como “una tomada de pelo a toda la sociedad”.  En este sentido, la iniciativa propone cerrar la “puerta giratoria” que permite que personas condenadas “sigan delinquiendo una y otra vez”. Entre otras modificaciones, la propuesta gubernamental endurece penas en un amplio abanico de delitos, elimina la prescripción en casos considerados especialmente graves y restringe los beneficios que hoy permiten reducciones o morigeraciones de condena. Los puntos principales del anteproyecto El Ejecutivo propone elevar mínimos y máximos en una amplia lista de delitos. “La pena de los delitos tiene que ser acorde al daño causado”, fundamenta el texto. Entre los casos más relevantes, el homicidio simple subiría de 8–25 años a “una sanción de 10 a 30 años”, mientras que el homicidio agravado, ya con pena de prisión perpetua, incorpora nuevos supuestos, como cuando la víctima sea el Presidente o ministros, menores de 16 o mayores de 65, o hechos cometidos “en un lugar de concurrencia masiva mediante armas, automotores u otros elementos aptos para producir la muerte de un número indeterminado de personas”. El endurecimiento también alcanza a delitos como lesiones, abuso de armas, omisión de auxilio y uso de imágenes de explotación sexual infantil. En este último caso, la pena pasaría de 3–6 años a “3 a 12 años”, con agravantes que elevan el mínimo a 4. Para la posesión con fines de distribución, la pena se ubica en “4 a 12 años de prisión”. El capítulo sobre robos incorpora figuras específicas para modalidades como “motochorros”, “viudas negras” y la apropiación de dispositivos electrónicos. El robo simple, por ejemplo, aumenta de 1 mes–6 años a “3 a 8 años de prisión cuando se comete con fuerza en las cosas”, y a “3 a 10 años cuando se comete con violencia sobre las personas”. Imprescriptibilidad de delitos graves Una de las modificaciones más profundas es la eliminación de la prescripción para un conjunto amplio de conductas. El documento afirma que el castigo de delitos graves “no puede verse condicionado por el tiempo, porque implica un acto de injusticia con las víctimas”. No prescribirán, entre otros, los homicidios agravados, abusos sexuales, grooming, producción y distribución de material de abuso sexual infantil, corrupción de menores, trata de personas, secuestro extorsivo, terrorismo y narcotráfico. “Independientemente de cuánto tiempo haya pasado, la Justicia va a poder investigar y responsabilizar al autor”, remarca el texto. Prisión efectiva y restricciones a beneficios El proyecto eleva mínimos penales para que una gran mayoría de delitos implique cumplimiento efectivo. Según el cálculo del Ejecutivo, “el 82% de los delitos serán de cumplimiento con prisión efectiva”. Además, amplía la lista de delitos que ya no podrán obtener condena condicional, entre ellos “robos especialmente agravados” y la portación ilegal de armas. La reforma también limita la liberación anticipada. Quedarán excluidos quienes tengan condenas por homicidio, robo seguido de muerte, robos con armas y delitos dolosos cometidos por funcionarios. “Si entraste varias veces a prisión no se te puede liberar anticipadamente, porque claramente no aprendiste nada”, sostiene el documento al justificar la exclusión también de reincidentes. Ejecución de la pena y otras reformas Otro punto clave es que las condenas comenzarán a ejecutarse cuando el tribunal superior rechace el recurso extraordinario federal, evitando la espera de un pronunciamiento de la Corte Suprema. También se establece que las condenas perpetuas “no tendrán límite temporal”, y que los funcionarios condenados por cualquier delito perderán automáticamente sus jubilaciones de privilegio. El proyecto “robustece el marco de la legítima defensa” y amplía la participación de las víctimas en decisiones que puedan afectarlas, como la concesión de beneficios penitenciarios. Las modificaciones, dice el texto, buscan dejar en evidencia “la relevancia de la víctima en el proceso”. Con información de Noticias Argentinas JIB

El mercado cripto ha aumentado en 238 mil millones de dólares en las últimas 48 horas, y los signos de recuperación son visibles en todas las criptomonedas. Por lo tanto, se vuelve crucial verificar cómo están actuando las ballenas en este momento para determinar qué tokens cripto deberían observar los inversores. BeInCrypto ha analizado tres El post ¿Qué están comprando las ballenas de criptomonedas durante la recuperación del mercado? fue visto por primera vez en BeInCrypto.

Buenos Aires será el 16 de diciembre la sede de una cumbre global sobre las denuncias de abusos y trata contra la organización católica mientras las víctimas aguardan a que Leon XIV tome una decisión sobre los nuevos estatutos de la organización. “A mí me engañaron porque me prometieron que iría a una escuela de niñas a estudiar hostelería y terminé como una esclava durante casi 30 años sirviendo y limpiando sin descanso”. “Yo logré escaparme luego de 16 años, pero me buscaron y volví por nueve años más hasta que pude volver a irme”. “Era menor cuando me entregaron el cilicio y la disciplina y me dijeron que debía flagelar cada día para emular el dolor de Jesús”. “Durante décadas han reclutado adolescentes en todo el mundo, de clases altas y de clases bajas, con métodos engañosos, a espaldas de sus padres y a espaldas del Vaticano”.  Estos son algunos extractos de los testimonios que se escucharán en la primera cumbre global sobre las denuncias de abuso espiritual, servidumbre y manipulación psicológica que afronta la institución católica Opus Dei y que tendrá lugar el próximo 16 de diciembre en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde se reunirán especialistas y denunciantes de América Latina y Europa. La iniciativa surgió de la organización global Ending Clergy Abuse (ECA), después de la audiencia privada e histórica con el papa León XIV en el Vaticano el pasado 20 de octubre: fue la primera vez que un jefe de la Iglesia Católica en funciones recibe a una ONG que lucha contra el abuso eclesiástico.  “La Iglesia tiene la responsabilidad moral de apoyar a los sobrevivientes y prevenir daños futuros”, dijo entonces Tim Law, cofundador y miembro de la Junta Directiva de ECA, de Estados Unidos. En aquella jornada, Robert Prevost también dio una audiencia privada al periodista peruano y exintegrante de ECA Pedro Salinas, quien investigó los abusos del Sodalicio de Vida Cristiana que derivaron en la disolución de la orden por parte de Francisco. A él lo conocía muy bien de sus años de misión en Perú.  “Prevost fue un aliado firme contra los abusos” “Desde 2018, cuando era obispo de Chiclayo y segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal, fue evidente su compromiso activo con la búsqueda de la verdad en el Caso Sodalicio y, a la vez, discreto pero eficaz, con las víctimas de abuso institucional y su determinación de combatir a la entonces secta católica. Ese compromiso continuó incluso cuando luego fue designado cardenal prefecto del Dicasterio para los Obispos”, afirma Salinas a elDiario.es. El periodista de investigación y exmiembro del Sodalicio, autor de Mitad monjes, mitad soldados y de La verdad nos hará libres será uno de los anfitriones de la jornada sobre el Opus Dei en Buenos Aires. “A diferencia de otros prelados cobardes y apocados e indolentes, Prevost fue uno de los aliados más firmes que tuvimos en esta historia en Perú y luego con su elección como Papa, donde continuó recibiendo ataques difamatorios por parte de los remanentes del Sodalicio de Vida Cristiana”, remarcó Salinas, que por sus denuncias sufrió una persecución mediática y judicial que podría llevarlo a la cárcel. En 2021, 43 mujeres denunciaron ante los medios de comunicación y ante el Tribunal para la Doctrina de la Fe del Vaticano que habían sido engañadas y sometidas a explotación por el Opus Dei como sirvientas sin remuneración y en condiciones de semiencierro durante décadas desde que eran adolescentes en la Argentina.  La denuncia, aunque no fue respondida formalmente por la Santa Sede, impulsó la decisión del papa Francisco de modificar la jerarquía y quitar privilegios a “la Obra” fundada por Josemaría Escrivá de Balaguer en 1928 y presente en 68 países del mundo en los cinco continentes. Además, el jefe máximo de la Iglesia Católica exigió un cambio de estatutos a la institución que en 2025, tras su muerte, fueron entregados a su sucesor, el papa León XIV. En medio de la expectativa sobre qué hará León XIV con el Opus Dei se celebrará la cumbre en Buenos Aires. La capital argentina fue elegida, ya que es allí donde pesa una acusación formal contra las máximas autoridades del Opus Dei en ese país durante los últimos 40 años. La acusación se elevó en octubre de 2024 tras dos años de investigación secreta de la Procuraduría contra la Trata y Explotación (PROTEX) y la Fiscalía Federal N°3, a cargo de Eduardo Taiano, quienes consideraron que “hubo un sistema de reclutamiento y explotación de mujeres pobres: servidumbre para miembros de élite y sacerdotes”. Entre los acusados se encuentra el sacerdote Mariano Fazio, el segundo hombre más importante del Opus Dei en el mundo en la actualidad. Entre los invitados a disertar en la cumbre estará el periodista inglés Gareth Gore, autor de Opus, la productora Mónica Terribas, directora de la serie de MAX El minuto Heroico, y la periodista argentina Paula Bistagnino, quien sacó a la luz el caso de las mucamas del Opus Dei. También estarán los abogados de ECA Pedro Salinas y Lucas Lecour y el abogado de las 43 denunciantes argentinas, Sebastián Sal. El último bloque tendrá los testimonios de exmiembros de la organización cuestionada de España, México, Perú, Irlanda y Argentina, que piden que la Santa Sede escuche sus testimonios antes de definir el futuro de la organización.  Imagen promocional de 'El minuto heroico: Yo dejé el Opus Dei'. EFE. CEDIDA Los testimonios que sentaron al Opus Dei en el banquillo Susana Lencina era la criada adolescente de una familia en Rosario cuando su patrona la subió a un coche para que la llevaran a la escuela de mucamas del Opus Dei en Buenos Aires. A Tita Villamayor la fueron a buscar con su prima en un pueblo rural de Paraguay a los 15 años con la promesa de una escuela en la capital, Asunción, y pronto la llevaron a la Argentina y la pusieron a trabajar. Beatriz Delgado logró escaparse después de servir 16 años sin salario y en condiciones de encierro, pero la encontraron y la obligaron a regresar contra su voluntad por nueve años más. A Alicia Torancio la sobremedicaron con pastillas psiquiátricas y la dejaron en una habitación para que ninguna de sus compañeras pudiera verla. Cuando falleció su padre, Norma Martínez no tenía dinero para el entierro y no la ayudaron; le dijeron lo mismo que cuando pedía ver a su familia: que practicara el desprendimiento y que su familia era la Obra.  Las de Susana, Tita, Beatriz, Alicia y Norma son solo cinco de las 44 historias que la justicia argentina escuchó en los últimos dos años antes de presentar una histórica acusación por trata de personas y explotación laboral contra las autoridades regionales de la Prelatura de la Santa Cruz y el Opus Dei, que pone a las máximas autoridades de la organización en la región Río de la Plata en el banquillo.

El consenso legislativo se alcanzó tras la inclusión de un fondo de emergencia de $350.000 millones para los 135 municipios bonaerenses, a distribuir en cinco cuotas, así como el reparto de cargos en el Bapro y organismos clave.  La Legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó en la madrugada del jueves la Ley de Financiamiento que autoriza al gobernador Axel Kicillof a tomar deuda por US$ 3.685 millones para afrontar vencimientos, obras y gastos corrientes. La norma, sancionada tras una sesión que se extendió durante más de 14 horas, habilita al Ejecutivo bonaerense a refinanciar pasivos por US$ 1.990 millones, realizar operaciones por US$ 1.045 millones en el sector público y otorgar fondos a empresas estatales, como AUBASA y Buenos Aires Energía. La ley obtuvo media sanción en Diputados a la 1:30 de esta madrugada, 4 de diciembre de 2025, con 62 votos afirmativos, apenas uno más del mínimo requerido, y fue convertida en ley minutos pasadas las 3 en el Senado, con 31 votos a favor, luego de intensas negociaciones entre el oficialismo y bloques opositores. El consenso legislativo se alcanzó tras la inclusión de un fondo de emergencia de $350.000 millones para los 135 municipios bonaerenses, a distribuir en cinco cuotas, así como el reparto de cargos en el Bapro y organismos clave. También se designaron nuevos consejeros generales de educación y se cubrieron vacantes en el Tribunal Fiscal de Apelación, con lugares para sectores del peronismo, el radicalismo, el massismo, el PRO y La Libertad Avanza. El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) respaldó el endeudamiento luego de compromisos del Ejecutivo para avanzar en negociaciones paritarias, mientras que el PRO votó dividido: acompañó el rollover pero rechazó el endeudamiento general. Durante la sesión se registraron momentos de tensión, como el intento del intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, de reincorporarse a su banca para votar en contra del proyecto, lo que derivó en un prolongado cuarto intermedio. La ley forma parte del paquete económico 2026, junto al Presupuesto de $41,5 billones y la Ley Impositiva ya sancionados, y es considerada clave por el gobernador para evitar un default provincial sin afectar partidas de salud ni educación. Kicillof necesitará ahora el aval del gobierno nacional para emitir deuda en mercados internacionales, en un contexto de restricciones fiscales y a pocos días del recambio legislativo del 10 de diciembre, que modificará el equilibrio de fuerzas en la Legislatura. En el recinto, se aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Provincia, que sumará seis nuevos integrantes a la entidad. El directorio del BAPRO queda conformado por: Alejandro Formento, Julio Pereyra, Carlos Orsingher, Javier Osuna, Matías Ranzini, Fernando Rozas, Martin Rodríguez, Marcelo Daletto, Carlos Moreno, Laura González, Gabriela De María, Adrian Urreli, Fernando Pérez y Sergio Bordoni. Los consejeros de educación serán Marcelo Zarlenga, Graciela Veneciano, Graciela Salvador, Graciela Ramundo, Rocío Ricciardelli, Aldana Ahumada, César Valicente, Carlos Bonino, Silvio Maffeo y Josefina Mendoza. Los ocho lugares en el Tribunal Fiscal serán para Virginia García, Gabriel De Pascale, Marcelo Giampaoli, Federico Carozzi, Cecilia Alejandra Oroz, Mariana Rodríguez, Ángel Villegas y María Fernanda Campo.

El precio de XRP no ha logrado unirse a las ganancias semanales de Bitcoin y Ethereum y todavía se está negociando dentro de la banda estrecha que ha mantenido desde mediados de noviembre. Mientras tanto, una señal alcista on-chain ha alcanzado un máximo de tres meses, lo que normalmente es un fuerte indicio para una El post Métrica alcista de XRP alcanza máximo de 3 meses: ¿Por qué el precio no reacciona? fue visto por primera vez en BeInCrypto.

Villaverde, a quien se vincula al narcotráfico, sostuvo que no quiere ser usada para “frenar las reformas” y reafirmó su apoyo al Gobierno. Su lugar en el Senado sería ocupado por Enzo Fullone, segundo en la lista libertaria. La diputada nacional y senadora electa por Río Negro, Lorena Villaverde, decidió finalmente no asumir la banca en la Cámara Alta y presentó su renuncia mediante una carta dirigida al presidente Javier Milei, fechada el 3 de diciembre. La parlamentaria hizo pública la decisión en sus redes sociales, donde afirmó haber sido víctima de “violencia mediática” y operaciones destinadas, según dijo, a desgastarla políticamente. En la misiva, Villaverde sostuvo que, en las últimas semanas, enfrentó “operaciones mediáticas obscenas, maliciosas y profundas” que no respondían a desacuerdos políticos, sino a “una violencia calculada contra una mujer, una madre y una dirigente que incomoda a la vieja política”. Argumentó que su renuncia se basa en motivos personales y familiares y subrayó que sus hijos están “antes que cualquier cargo”, porque “ninguna ambición política vale más que su bienestar”. La legisladora consideró que insistir en asumir su banca “sería convalidar el daño y poner en riesgo” a su familia. También atribuyó el clima político a sectores del “viejo régimen” que, dijo, intentaron usar su situación personal “como herramienta para frenar las reformas, obstaculizar la conformación del bloque oficialista en el Senado y desgastar el proyecto de cambio”. “No voy a ser parte de esa maniobra. No me van a usar como pieza para detener el rumbo que millones de argentinos eligieron”, afirmó. A Villaverde se la vincula con “Fred” Machado, el empresario acusado de narcotráfico y lavado de dinero. Pero además arrastra una detención en Estados Unidos por tenencia de medio kilo de cocaína y una denuncia por una venta irregular de tierras en Las Grutas. La renuncia a la banca del Senado reavivó el debate sobre qué ocurrirá con su cargo en la Cámara Baja. Villaverde había presentado su renuncia como diputada días atrás, pero la retiró el último miércoles. En el comunicado difundido en X para anunciar su salida del Senado, no hizo referencia a la Cámara de Diputados, por lo que, por ahora, continuaría en funciones. “Yo no me involucré en este proyecto por un asiento, ni por una dieta, ni por honores personales. Entré porque creo en la libertad, en el mérito, en el trabajo duro y en su liderazgo”, escribió, reforzando su apoyo al Gobierno pese a apartarse de la banca en la Cámara Alta. “Solo renuncio a ser usada como herramienta para dañar al gobierno, a las reformas y al futuro de los argentinos”, enfatizó. La renuncia de Villaverde se produjo luego de que su incorporación al Senado quedara frenada por la oposición, que exigió volver a revisar sus antecedentes. La semana pasada, la legisladora no pudo jurar su banca: su título fue devuelto a la Comisión de Asuntos Constitucionales tras la presión de bloques contrarios al Gobierno. La situación generó incomodidad dentro de La Libertad Avanza, especialmente en la bancada de senadores que conduce Patricia Bullrich, y dejó a Villaverde sin respaldo pleno de la cúpula oficialista. En paralelo, volvió al centro del debate público su historial judicial en Estados Unidos. Según documentación oficial citada por distintos medios, la dirigente fue detenida y condenada por narcotráfico en ese país, aunque luego obtuvo la nulidad de la sentencia y un nuevo juicio, y logró ser excarcelada antes de regresar a la Argentina. Quién ocuparía la banca Tras la renuncia, el lugar en el Senado sería ocupado por Enzo Fullone, segundo en la lista libertaria por Río Negro y exfuncionario de la Dirección Nacional de Vialidad de la provincia. Villaverde cerró su carta asegurando que da este paso “con la serenidad de quien sabe quién es” y con la convicción de que su salida evita “beneficiar a quienes quieren ver caer este proceso de transformación”.

Tripulaciones mal pagadas arriesgan la vida en estos "ataúdes propulsados por hélices" para llevar la droga a EuropaLa década del triunfo cultural de la cocaína: de la muerte por sobredosis de una modelo en Recoleta al envenenamiento de Puerta 8 ¿En qué estaban pensando los marineros cuando decidieron embarcarse en un viaje del que temían no sobrevivir? ¿Cómo se despidieron de sus seres queridos antes de partir? ¿Qué les llevó a aceptar una misión así? Para la Policía brasileña, las respuestas a esas preguntas siguen siendo tan desconocidas como la identidad de los marineros. De lo único que están seguros los investigadores es del propósito de la nave: un ‘narcosubmarino’ con aspecto de mazmorra que, según ellos, estaba a pocos días de comenzar una odisea infernal de tres semanas cruzando el Atlántico con cientos de kilos de cocaína para Europa. “Podrías pagarme todo el dinero que quisieras y te confieso que no me metería en una travesía tan delirante”, dice Fernando Casarin, el jefe de la Policía Federal de Brasil al mando de las fuerzas especiales que en mayo capturaron al narcosubmarino antes de salir del Amazonas. “Uno se pregunta si para estos marineros es una cuestión de gran valentía o si es una falta total de conciencia de dónde se están metiendo”, agrega Casarin, cuya jurisdicción abarca el extenso estado de Pará, en norte del país, donde el submarino fue encontrado en un astillero clandestino de la isla de Marajó. Beneficios gigantescos En realidad, los narcosubmarinos son semisumergibles artesanales donde solo la cabina sobresale de la superficie. Los capos colombianos comenzaron a utilizarlos en la década de los 80 para transportar cocaína de contrabando por el Caribe hacia México y Estados Unidos. En los últimos tiempos, los jefes del crimen se han vuelto mucho más ambiciosos fabricando naves de fibra de vidrio capaces de transportar cantidades enormes de cocaína a miles de kilómetros de distancia hasta las costas de Portugal y España. Según Casarin, los gigantescos beneficios que genera el tráfico de la cocaína explican cómo es posible que los delincuentes sudamericanos sigan utilizando submarinos a pesar de los riesgos. En la frontera de Brasil con Colombia, principal productor mundial de cocaína, el kilo de esta droga se vende a un precio que oscila entre los 1.000 y los 2.000 dólares (entre 850 y 1.700 euros). En Europa, donde el consumo está en auge, esa misma cantidad se puede vender por unos 60.000 dólares (unos 51.100 euros). Un submarino que se las arregle para dejar cinco o seis toneladas de droga de contrabando en Europa podría generar a sus propietarios entre 200 y 250 millones de dólares (entre 170 y 213 millones de euros). “Las ganancias son astronómicas”, dice Casarin. Uno se pregunta si para estos marineros es una cuestión de gran valentía o si es una falta total de conciencia de dónde se están metiendo Fernando Casarin — Jefe de la Policía Federal de Brasil Javier Romero, periodista español y uno de los principales cronistas de la industria de los narcosubmarinos, sospecha que los capos sudamericanos inauguraron a finales de los años 90 la ruta transatlántica. Pero la policía no confirmó su existencia hasta 2019, cuando interceptaron el primer artefacto de este tipo frente a la Península Ibérica, después de que sus tres ocupantes soportaran una pesadilla de 27 días desde su punto de partida en la Amazonía brasileña. Según Romero, que escribe en La Voz de Galicia, el fenómeno se ha intensificado en los últimos meses de manera notable, con “un repunte de la actividad” en el verano, cuando el número de alertas de narcosubmarinos que llegaban a la Policía Nacional pasó de una cada tres meses a más de cinco avisos por mes. A mediados de septiembre, la Policía española detuvo a tres sospechosos de origen colombiano y se incautó 3.500 kilos de cocaína que habían sido entregados en la costa gallega, aunque el narcosubmarino no estaba a la vista. Una nave claustrofóbica Tres meses después de la captura del narcosubmarino brasileño en Marajó, el periódico The Guardian ha podido acceder a la nave de 18 metros de eslora. Entrar en su estrecha sala de control por la diminuta escotilla es una experiencia claustrofóbica y escalofriante, incluso estando en tierra firme. El espacio de descanso está compuesto por dos estrechas literas de madera a ambos lados del puente de mando. Un parabrisas de plástico era la única ventana al mundo de los marineros mientras avanzaban entre las olas para llegar a Europa a una velocidad de 16 kilómetros por hora. Osvaldo Scalezi, que dirige la división antidroga de la Policía Federal brasileña, explica que el mayor riesgo de viajar en un narcosubmarino es asfixiarse, y no ahogarse en el mar, como asume la mayor parte de la gente. “Hay un motor muy potente ahí dentro y los tubos de escape están fabricados de forma muy rudimentaria; no hay nada que impida que los gases de combustión se filtren en el barco y los maten a todos por asfixia”, dice. En la proa de madera, donde habrían almacenado las drogas, están las únicas comodidades de las que habría disfrutado la tripulación durante su travesía transatlántica de 6.000 kilómetros: un depósito de agua potable de 700 litros, un congelador y un aire acondicionado portátil para aliviar el calor en este sofocante aparato, similar a un invernadero. Imagínese pasar horas, o días, atrapado dentro de una de estas cosas, es una locura total Javier Romero — Periodista en La Voz de Galicia Mientras observa el casco de madera y fibra de vidrio, Casarin compara la temeraria expedición del narcosubmarino con la de los astronautas estadounidenses que protagonizaron el primer alunizaje en nuestro satélite natural en 1969. “Es algo de ese nivel”, dice: “Es una vida loca de piratas”. Una industria global De color azul y sin nombre, la nave de Marajó fue descubierta dos meses después de que en marzo se capturara un semisumergible casi idéntico cerca de las Azores. En esa operación conjunta participaron autoridades portuguesas, españolas, estadounidenses y británicas. Además de seis toneladas de cocaína, transportaba a cinco hombres, tres de los cuales eran brasileños de la región de Pará. Según Casarin, la detención de esos tres brasileños refuerza la idea de que Pará y el estado vecino de Amapá se están convirtiendo en “un centro de construcción de este tipo de naves”. En opinión de Romero, las remotas selvas y manglares de la región son el lugar ideal para ocultar los “astilleros clandestinos” que construyen los narcosubmarinos. Inspección en el puerto de A Illa de Arousa en 2023 de un narcosubmarino localizado semihundido en la Ría cerca de Vilaxoán. EFE/Lavandeira jr Pero Pará no es ni mucho menos el único lugar de Sudamérica donde se fabrican estas naves y Europa tampoco es el destino más lejano. Henry Shuldiner, investigador de Insight Crime y autor de un informe reciente sobre los narcosubmarinos, recuerda en una conversación con The Guardian cómo a finales de 2024 la policía colombiana interceptó un semisumergible cruzando el Pacífico hacia Australia y Nueva Zelanda, una travesía que como mínimo lleva el doble de tiempo que la de Europa. En enero de 2025, dice Shuldiner, apareció un narcosubmarino hundido en las costas de Sierra Leona, lo que reforzó su creencia de que la industria de los narcosubmarinos se está extendiendo por el mundo. Los narcosubmarinos generan miles de millones en ganancias, pero poco de ese dinero llega a los marineros que los pilotan a través del Atlántico. Casarin estima que los marineros brasileños ganan entre 30.000 y 50.000 reales (entre 4.800 y 8.000 euros) por un viaje de este tipo. Según Romero, autor del libro sobre narcosubmarinos Operación Marea Negra, a los marineros ecuatorianos del primer barco incautado en Europa les ofrecieron unos 15.000 dólares (unos 12.800 euros). “El narcotráfico es una industria de explotación, siempre lo ha sido”, dice Romero, que llama “ataúdes propulsados por hélices” a las destartaladas embarcaciones. “Imagina pasar horas, o días, atrapado dentro de una de estas cosas, es una locura total”. Traducción de Francisco de Zárate.

Noviembre dejó solo en la provincia de Buenos Aires cierres de plantas emblemáticas y al menos 700 despidos. Desde la UIA admitieron un "escenario complejo" pero defienden la reforma laboral que plantea el Gobierno. Señalan que ya cerraron 1.800 panaderías. Noviembre cerró con cifras alarmantes para la industria. En las últimas semanas, al menos cinco fábricas anunciaron su cierre, lo que implicó solo en la provincia de Buenos Aires unos 700 despedidos. El caso más resonante fue el de Whirlpool, cuya planta en Pilar dejó de operar y sus 220 trabajadores fueron desvinculados, pero también se sumaron empresas más pequeñas y firmas del rubro metálico, autopartes, textil y manufactura liviana, en otros puntos del país. El secretario general de la CGT Zárate-Campana, Carlos Gutiérrez, advirtió que la economía atraviesa un “industricidio”, que podría reemplazar empleo formal por trabajos de aplicaciones como Uber o Rappi. Este lunes el titular de la UIA, Martín Rappallini, admitió que el escenario “es complejo”, pero no dudó en apoyar el proyecto de flexibilización laboral que el Gobierno se encamina a discutir en el Congreso durante el verano. “Todos estas transiciones han sido muy complejas en el mundo, pero también ese es el diálogo que estamos teniendo con el gobierno: hay que acompañar a las empresas para que puedan llegar al otro lado. Este es el gran desafío”, justificó Rappallini en declaraciones radiales.  Tras la noticia de Whirlpool, el fin de semana se conoció que la fábrica de muebles Color Living, ubicada en Tigre, cerró sus puertas y despidió a 40 empleados. La empresa atribuyó la medida a la fuerte caída de la demanda y a la apertura de importaciones. Durante noviembre también se supo que Frávega anunció el cierre de una planta en Temperley, quebró La Suipachense y hubo despidos en la fábrica de ollas Essen, en una petroquímica de Quilmes y cierres en Bahía Blanca. Este lunes se supo que la cadena mayorista Caromar cerró su sucursal de Mar del Plata, dejando en la calle a 15 empleados.  Los despidos y cierres por goteo son ejemplos de un panorama alarmante. Según los propios datos de la UIA en el Informe de Indicadores Laborales, durante los primeros siete meses del año, el sector manufacturero acumuló una pérdida superior a los 12.000 puestos formales. Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en los primeros 19 meses de gestión de Javier Milei en toda la economía hubo una pérdida de 19.164 empleadores y 276.624 puestos de trabajo formales. Y la crisis afecta de manera estructural a distintos rubros. Este lunes el presidente del Centro de Panaderos de Merlo, Martín Pinto, denunció el cierre de 1.800 panaderías en todo el país y la pérdida de más de 15.000 puestos de trabajo en dos años a partir de la suba de costos y caída de la demanda. Pinto afirmó que el sector solo está “subsistiendo” y que experimentó una caída de venta de un 55%, mientras las boletas de luz registraron un aumento de entre un 45% y un 50% en comparación con el mes anterior. “La gente hoy compra lo que puede y no lo que quiere”, dijo en el panadero. MC

Es Periodista y editor de la plataforma digital de Nueva Sociedad. Su último libro es "El pasado no está muerto, Conversaciones con historiadores que cambiaron nuestra forma de ver el mundo", de Siglo XXI Editores. Fue jefe de redacción de La Vanguardia y Nueva Revista Socialista y colabora con medios como Letras Libres y Le Monde diplomatique.Episodios anteriores En este nuevo episodio de La Ventana Indiscreta conversamos con Mariano Schuster, periodista y escritor, sobre El pasado no está muerto (Siglo XXI Editores), un libro construido a partir de diálogos con diez de los historiadores contemporáneos más influyentes, figuras que ayudaron a redefinir cómo pensamos el siglo XX y XXI. A lo largo de las entrevistas —con investigadores del nivel de Peter Burke, Sheila Rowbotham, Emilio Gentile, Sheila Fitzpatrick o Carlo Ginzburg referentes de debates sobre fascismo, comunismo, violencia política, memoria y vida cotidiana— el libro abre una ventana única a la forma en que se investiga, se escribe y se discute la historia en el presente. Un recorrido que muestra cómo el pasado sigue moldeando nuestro ahora, incluso cuando creemos tenerlo resuelto. La ventana indiscreta es un podcast para mirar qué hay detrás de un libro, una serie, una historia. Cada episodio tiene un tema y un entrevistado. Así nos metemos con las historias que se cuentan en los libros, en las películas, en las canciones y también con temas actuales como la inteligencia artificial, los trolls, las redes sociales.  Por supuesto que es un homenaje a la película del mismo nombre dirigida por Alfred Hitchock, que advertía que nos estábamos convirtiendo en una sociedad de mirones pero a la vez es una invitación a quedarse un poco quietos y mirar más allá de lo que vemos al pasar. La Ventana Indiscreta Conduce Ana Correa La producción es de Pablo Waimann Redes sociales: Miranda Correa Perkins

A través de Showcase, la empresa estadounidense ha gastado miles de millones de dólares en medios de comunicación a nivel global. En el proceso, según dicen algunos críticos, el programa ha generado dependencia financiera, ha hecho que los medios renuncien a reclamaciones de derechos de autor, y posiblemente se ha blindado frente a futuras demandas relacionadas con el uso del periodismo para entrenar modelos de inteligencia artificial. En 2022, Luiz estaba encantado al enterarse de que su periódico local en Brasil sería beneficiario de un contrato con una de las empresas más poderosas del mundo. Al igual que en otros países del mundo, muchos pequeños medios brasileños estaban juntando fondos como podían para sobrevivir. La oferta de dinero de una empresa como Google parecía un milagro. “Me preguntaba por qué me ofrecían esto. Sonaba demasiado bueno para ser verdad”, dijo el director de medios, usando un dicho brasileño: “Regalo demasiado generoso, santo sospechoso”. “Para ser sincero, no sé leer inglés, pero firmé el contrato, no leí todos los detalles”, afirma. “Representa alrededor del 40% de nuestros ingresos… cada mes. Y cada primer día del mes está depositado en nuestra cuenta. Qué maravilla. Se deposita religiosamente”. Otras fuentes de ingreso son la publicidad, las donaciones y los programas financiados por el Estado. Luiz, cuyo nombre ha sido cambiado debido al riesgo para su financiación que podría significar divulgar los detalles de su contrato, es uno de al menos 450 directores de medios en toda América Latina —y más de 2.000 en todo el mundo— que han firmado un acuerdo de este tipo con el programa de licencias Google News Showcase en los últimos cinco años. A través de Showcase, Google ha gastado miles de millones de dólares en medios de comunicación a nivel global. En el proceso, según dicen algunos críticos, el programa ha generado dependencia financiera, ha hecho que los medios renuncien a reclamaciones de derechos de autor, y posiblemente se ha blindado frente a futuras demandas relacionadas con el uso del periodismo para entrenar modelos de inteligencia artificial. Esto es lo que encontró la investigación transfronteriza La Mano Invisible de las Big Tech, liderada por Agência Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación, CLIP, en colaboración con otras 17 organizaciones de 15 países. En 2019, la Unión Europea votó a favor de una directiva de derechos de autor que cambió durante años la forma en que el mundo regularía la tecnología y las noticias digitales. Esta votación desencadenó una reacción en cadena de normativas a las que la empresa ha intentado resistirse desde entonces. Tras esa votación, la sede de Google sacó una lección clara: la industria de los medios usaría “todo su poder de lobby para sacarnos dinero”, dijo Madhav Chinnappa, exejecutivo de Google News, dijo en una entrevista con esta alianza. Google News Showcase fue un intento de la compañía “de protegernos y de ver cómo manejamos esto de la manera más pragmática posible”, explicó. Así, con la promesa de gastar 1.000 millones de dólares en medios en todo el mundo, el programa se lanzó el 1 de octubre de 2020. “Yo pensaba que Google News Showcase no resolvería los problemas para los que fue creado —pensaba que los empeoraría”, dijo Chinnappa. Lanzamiento de Googe News Showcase.  Chinnappa fue uno de los fundadores de la Digital News Initiative (DNI) de esa compañía, un programa que buscaba promover la innovación en la industria periodística europea a través de becas y proyectos. La iniciativa luego fue expandida globalmente y se convirtió en la Google News Initiative, o GNI. A diferencia de la financiación de la Google News Initiative, que tomaba la forma de subvenciones o capacitaciones, Showcase era un acuerdo de licencia, lo que significaba que la empresa adquiría algunos derechos de uso sobre el contenido producido por los medios aliados. Publicaciones del blog de Google sugieren que el programa se diseñó explícitamente como una forma de que Google compensara a los medios y evitara regulaciones como el Código de Negociación de Medios en Australia o las leyes de derechos de autor digitales en Francia. Para el momento del lanzamiento, 200 medios ya habían firmado con Google News Showcase en Australia, Argentina y Brasil —donde se debatían códigos de negociación mediática. El programa incluía una pestaña destacada en una página especializada de “Showcase” dentro de la plataforma de Google News. Pero muchos directores le dijeron a esta alianza que sus medios han recibido poco o ningún tráfico de este producto. Oficina de Google en Sâo Paulo. Google Showcase fue un punto de inflexión para GNI y sus programas relacionados, que originalmente estaban enfocados en invertir en innovación en periodismo, pero desde entonces se convirtieron en un intento de enfrentar la presión regulatoria, dijo Ludovico Blecher, exdirector de la división de innovación de GNI. “Para proteger su negocio, y sus márgenes de ganancia, en algún punto, me pareció que lo que se convirtió en prioridad fue mitigar los riesgos regulatorios y en hacer que el monto que se le pagara a los medios siguiera siendo ‘asequible’. Así que la discusión se volcó hacia los actores más grandes e influyentes. Yo lo llamo ‘alquilar a tu enemigo’”. Por otra parte, los medios no pudieron aprovechar la oportunidad, dice Blecher. “Con un enfoque más unido, menos ego y una mejor comprensión de cómo funciona Google, el nuevo ecosistema podría haber hecho un mejor trabajo al defender y proteger el futuro del periodismo, lo que se necesita ahora más que nunca”. Un directivo de una asociación de medios en Brasil comentó: “Los programas de Google para el periodismo siempre fueron una estrategia de relaciones públicas. Pero cuando sintieron mayor presión regulatoria, la estrategia de PR cambió. Showcase es el mejor ejemplo. Es una estrategia que genera dependencia financiera”. Los valores de los contratos de Showcase que vio el equipo de reportaje varían entre 25.000 dólares anuales y 250.000 dólares por año para los medios más grandes. Los contratos no serán publicados por petición de nuestras fuentes. Un medio pequeño contó que Google News Showcase representa el 15% de sus ingresos y es la mayor fuente única de ingresos de su empresa. “Es un verdadero salvavidas”, asegura. Showcase se ha vuelto esencial para muchas publicaciones. En toda América Latina, un estudio encontró que los medios con necesidad de fondos dependen cada vez más del programa, aunque muchos líderes de redacciones afirman que la financiación es insuficiente y no cumple la promesa de generar tráfico hacia sus sitios. “[Directores de medios] nos dijeron que la audiencia [proveniente de Showcase] era insignificante”, afirma Juliana Colussi, profesora en la Universidad Rey de España y una de las autoras del estudio. “Los grandes medios todavía pueden sobrevivir con suscripciones. Pero los medios pequeños y locales no logran tantas suscripciones. Como consecuencia, se genera una dependencia [de Google Showcase]”. Un directivo de un medio australiano señaló que el dinero de los contratos de Google Showcase representa aproximadamente un 5% al año. “Si lo perdiéramos, nos dolería —tendríamos que recaudar ese dinero en otro lado, y quizá perderíamos a algunos empleados— pero no es crítico para nuestra supervivencia”, dijo el directivo. El secreto como estrategia Pero los acuerdos incluyen más que financiación —y la amenaza de perderla. Los contratos de Showcase se sostienen en el secreto. Los documentos a los que accedió este equipo periodístico contienen cláusulas que prohíben tanto a Google como al medio firmante realizar “cualquier declaración pública respecto de este Acuerdo sin la aprobación previa y por escrito de la otra parte”. Aunque ambas partes pueden reconocer la existencia del convenio, ninguna puede divulgar su valor ni sus términos, incluso después de que expire. Carla Egydio, lobista de la Asociación Brasileña de Periodismo Digital (Ajor), afirmó que Showcase es un programa estratégico. “En un sector económico que ya enfrenta serias dificultades de sostenibilidad, resulta muy complicado para una organización que depende de estos ingresos —como ocurre con muchos medios en Brasil— apoyar una legislación sin saber si, de aprobarse, le reportará más o menos recursos que los acuerdos de Showcase”, explica. Anuncio de Google en Brasil. Varios directores de medios contactados por esta alianza periodística se mostraron reacios a hablar de sus contratos, por temor a violar las cláusulas de confidencialidad. Para Nelson Yap, presidente de la Public Interest Publishers Alliance (PIPA), una coalición de 24 medios australianos, la exigencia de acuerdos de confidencialidad es una táctica que impide la colaboración entre medios. “Evita que los medios aprendan unos de otros. Hace muy difícil colaborar cuando estás atado a cláusulas de confidencialidad, de modo que solo puedes hablar en la superficie”, señaló. “Ellos lo saben, y aplican esta estrategia a nivel global”. Canadá introdujo su Ley de Noticias en Línea el 5 de abril de 2022. Showcase ya había desembarcado en el país seis meses antes, el 27 de octubre de 2021. Testigos que abogaron por el proyecto de ley canadiense durante su proceso legislativo argumentaron que la ley podría ofrecer mayor transparencia durante la etapa de negociación ante la alternativa de que Google pudiera firmar acuerdos independientemente. La esperanza era que regular los pagos entre plataformas y redacciones permitiría arrojar algo de luz sobre cómo se cerraban esos convenios y ayudar a todos los medios a negociar mejores contratos. Pero tras la aprobación de la ley en junio de 2023, que obligaba a Google y Meta a pagar por las noticias en sus plataformas, Google terminó sus contratos de Showcase en el país. La medida supuso un golpe considerable para los 11 medios que tenían acuerdos en vigor, entre ellos algunos de los principales del país, como The Globe and Mail, Winnipeg Free Press y Torstar. Investigación en Alemania En Alemania, Oliver Schmidt, director de estrategia de contenidos de la compañía de venta de derechos de noticias Corint Media, afirmó que a los medios les preocupaba que los firmantes de Showcase fueran favorecidos por los algoritmos de la compañía. Las condiciones de los acuerdos llevaron al organismo federal de competencia, el Bundeskartellamt, a iniciar en 2021 un procedimiento contra Google, ante la preocupación de que los planes de integrar el servicio News Showcase en las búsquedas generales terminaran “expulsando” del mercado a otros servicios similares ofrecidos por competidores. “Google ha respondido a nuestras preocupaciones y ha implementado ajustes importantes en beneficio de los medios… seguirá siendo irrelevante para el ranking de los resultados de búsqueda si un medio participa o no en Showcase”, declaró Andreas Mundt, presidente del Bundeskartellamt, tras el cierre del procedimiento en 2022. Mundt añadió que Google también modificó la redacción de sus contratos como respuesta a la investigación, garantizando que “los medios no enfrenten dificultades para hacer valer sus derechos de autor conexos”. Google se vio obligado a eliminar cláusulas que establecían que el tráfico de la búsqueda de Google “es suficiente remuneración a cambio de la indexación, el despliegue y otros usos similares del contenido de las publicaciones de un medio en conexión con los servicios de referencia automatizados de Google”. Aunque estas cláusulas se eliminaron en Alemania, la investigación comprobó que aún aparecen en contratos con medios en otros países. Otras cláusulas estipulaban que Google podía rescindir el contrato si se aprobaba una ley que estableciera un mecanismo de pago, o si el medio participa o inicia una demanda o queja contra Google. Schmidt, de Corint Media, cuyo grupo representa a aproximadamente un tercio de los medios en Alemania, dijo que esas cláusulas de rescisión eran “dañinas”. “Cuando eres Google, con alrededor del 90% del mercado, eres un actor dominante, y los medios dependen de tu plataforma para conseguir clics, para conseguir tráfico… Y luego existen acuerdos como Google News Showcase que no te permiten ejercer tus derechos ni monetizarlos. Pensamos que eso era perjudicial”. “Vimos que Google News Showcase es una herramienta para dividir el mercado”, añade. Nuevos contratos, además, se siguen negociando constantemente. En Indonesia, los acuerdos se están cerrando como parte del código de negociación para compensar a los medios de ese país. Los grandes actores del sector ya habían firmado este tipo de convenios en 2021, tres años antes de que la legislación sobre derechos de los medios fuera ratificada formalmente. Google había negociado para que estas empresas recibieran solo un pequeño porcentaje del monto total hasta estar conforme con la normativa que se debatía en Indonesia. Un miembro del gobierno confirmó que el programa no arrancó del todo. Tras la aprobación de la ley en 2024, la compañía continuó firmando acuerdos de Showcase, esta vez también con medios más pequeños. El final en Australia Directores de medios en Australia no recibieron “ningún indicio” antes de enterarse de que sus contratos de Google no serían renovados. En 2022, para evitar ser “designados” y arriesgarse a un arbitraje bajo el nuevo Código de Negociación de Medios, Google negoció acuerdos con decenas de medios en el país. Veinticuatro de estos medios, vinculados a la asociación PIPA, habían negociado contratos por cinco años renovables anualmente. Sin embargo, los acuerdos quedaron sin efecto apenas tres años después. Una persona con conocimiento de la terminación de los contratos dijo que fue una “enorme sorpresa” para las compañías de medios. No hubo aviso. No hubo consulta. Quiero decir, si alguien ha tenido una relación contigo durante tres años, pensarías que se acercaría a decirte: ‘oye, estamos pensando en hacer esto’“. Australia, uno de los primeros países en aprobar una legislación de negociación, también fue pionera en la introducción de Google News Showcase. Ahora, cinco años después, el país prepara una versión actualizada del código de negociación, conocida como el Incentivo de Negociación de Medios, que —entre otras modificaciones— impedirá que las plataformas se evadan de pagar bloqueando contenido noticioso, como hizo Meta en Canadá tras aprobarse su propia ley. Pero la gran incógnita para los medios australianos es cómo manejará el nuevo marco legal el tema de la inteligencia artificial (IA). ¿Podría el entrenamiento de IA estar incorporado en Showcase? En la carrera por desarrollar las máquinas más inteligentes, las empresas necesitan cantidades enormes de información fidedigna, actualizada y de calidad. Los medios la tienen. Durante las negociaciones del código, Google y Meta argumentaron que las noticias tenían muy poco valor para ellos porque las búsquedas noticiosas generaban escasos ingresos publicitarios. Ahora, con la irrupción de la IA, ese panorama ha cambiado. El contenido periodístico suele usarse para entrenar modelos de IA y chatbots, que luego incorporan esa información en las respuestas que les dan a los usuarios. Estas herramientas no siempre proveen la fuente de la información en sus respuestas. “No hay absolutamente ninguna duda de que el contenido noticioso es valioso para las empresas de IA”, afirmó Klaudia Jaźwińska, investigadora y periodista que lidera el proyecto Platforms and Publishers del Tow Center en la Universidad de Columbia. Cita un estudio de MuckRack, publicado en julio, que halló que el contenido periodístico aparecía en casi la mitad de todos los resúmenes generados por IA en Google, siempre que las consultas fueran sobre eventos coyunturales. Los resúmenes de IA de Google, que se muestran en varios países en los que el uso de la IA aún no está regulada, siempre enlazan a sus fuentes. Otro estudio reciente concluyó que los resúmenes de IA, como los que aparecen en los resultados de búsqueda de Google, pueden reducir en casi un 80% el tráfico de sitios que antes aparecían de primeros en un resultado de búsqueda. En 2023, The New York Times demandó a OpenAI por infracción de derechos de autor al usar sus artículos para entrenar los modelos de lenguaje de la compañía. En marzo de 2025, un juez autorizó que el caso siguiera adelante. Otras compañías de IA y grandes medios periodísticos (sobre todo en el norte global) han comenzado a cerrar acuerdos, recibiendo pagos a cambio de contenidos archivados o bajo muro de pago para entrenamiento de modelos de lenguaje. Según datos recopilados por el proyecto de Jaźwińska, casi 150 medios, desde The Wall Street Journal hasta The Guardian, han cerrado convenios de licencias o están inmersos en batallas legales por el uso de sus contenidos. OpenAI, ProRata y Perplexity encabezan la lista con 45, 27 y 26 acuerdos o litigios, respectivamente. Google, en comparación, ha firmado públicamente solo cinco. En julio Bloomberg informó que estaba en conversaciones con una veintena de medios para licenciar contenido para sus herramientas de IA. Pero eso no significa necesariamente que Google se esté quedando atrás. Todos los contratos de Showcase obtenidos por esta investigación incluyen una cláusula de propiedad intelectual que otorga a Google el derecho de “reproducir, distribuir, exhibir públicamente, ejecutar públicamente y usar de otro modo el contenido de la publicación en relación con los productos y servicios de Google”. Schmidt, de Corint Media, señaló que sus representados han pedido a Google que retire esa cláusula o confirme que no se emplea para entrenamiento de IA. Google se negó. Aunque esa no sea la finalidad principal de los acuerdos, expertos legales consultados sostienen que la cláusula podría ceder los derechos de los medios para emprender acciones legales contra Google por usar sus contenidos en el desarrollo de IA. “Si llega un juicio, podrían decir: ‘no, ya pagamos a los medios por su entrenamiento de IA. Tenemos este acuerdo de Google News Showcase’”, advirtió Schmidt. “Si hay cinco artículos al día de cada medio, y participan 100 medios en Alemania, eso suma 500 artículos diarios”, dijo Schmidt. “Multiplícalo por 365 días y da más de 180.000 artículos al año. Con eso, Google ya obtiene suficiente material para entrenar un modelo de lenguaje”. Preguntada por esta investigación si utiliza los contenidos licenciados en Showcase para entrenar sus modelos de IA, Google envió una respuesta por escrito: “Como muchas compañías, interactuamos regularmente con constructores de políticas públicas en un amplio rango de asuntos, incluyendo la forma en las que las políticas públicas pueden afectar a quienes usan nuestros productos. Reportamos de manera transparente nuestras interacciones con funcionarios, de acuerdo con las regulaciones locales”. Un exejecutivo de Google reconoció a esta investigación que es posible que los contratos de Showcase sirvan como escudo legal, aunque consideró que es “improbable”, ya que, según él, las tecnológicas se han negado en principio a pagar por contenidos que ya son de libre acceso en internet. Además, señaló, las licencias de copyright para entrenamiento de IA suelen tener un lenguaje más específico. Google continúa firmando y renovando contratos, cementando aún más el rol de Google en la industria periodística en los siguientes años. A comienzos de este año, varios medios brasileños iniciaron la renegociación de sus acuerdos de Showcase. Luiz, director de uno de ellos, celebró al enterarse de que su contrato se extenderá a mediados de 2025 por tres años más. Google también anunció que renovará más de 50 contratos de Showcase con medios australianos. Según Julie Posetti, vicepresidenta de investigación global del International Center for Journalists (ICFJ), la carrera por la inteligencia artificial amenaza con dar lugar a lo que ella llama una “cooptación de plataformas 2.0”. Observa con preocupación la proliferación de acuerdos individuales para el entrenamiento de IA y el creciente interés de compañías como Microsoft y OpenAI en financiar eventos y programas de capacitación para periodistas. “Con la proliferación de la IA generativa estamos viendo que se reproducen las mismas dinámicas de la cooptación de plataformas 1.0, como si no se hubieran aprendido las lecciones”, afirma, recordando que las alianzas de la industria periodística con las redes sociales desembocaron en “cooptación, influencia y autocensura”. La supuesta defensa que las grandes tecnológicas hicieron de los medios de interés público, concluye, fue pura puesta en escena. “En el fondo, se trataba de neutralizar cualquier intento de exigirles rendición de cuentas y de presentarse como compañías benévolas, aliadas de los periodistas”, afirma. “Parece como si ninguna de aquellas lecciones hubiera servido de nada”. La Mano Invisible de las Big Tech es una investigación periodística transfronteriza y colaborativa liderada por el medio brasileño Agência Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) junto a Crikey (Australia), Cuestión Pública (Colombia), Daily Maverick (Sudáfrica), El Diario AR (Argentina), El Surti (Paraguay), Factum (El Salvador), ICL (Brasil), Investigative Journalism Foundation - IJF (Canadá), LaBot (Chile), LightHouse Reports (Internacional), N+Focus (México), Núcleo (Brasil), Primicias (Ecuador), Tech Policy Press (USA), Tempo (Indonesia). Con el apoyo de Reporteros Sin Fronteras y del equipo legal El Veinte y el diseño de la identidad visual de La Fábrica Memética. AR