El conflicto entre Temu, Mercado Libre y el Estado Nacional llegó a su fin en el ámbito administrativo y legal. La Dirección Nacional de Políticas para el Desarrollo del Mercado Interno, dependiente del Ministerio de Economía, resolvió el archivo de las actuaciones luego de una audiencia celebrada entre las partes.

Como consecuencia directa de esta decisión, los apoderados de la firma Elementary Innovation (operadora de la plataforma china de e-commerce) se presentaron ante la Justicia para desistir de la apelación que habían interpuesto contra la imputación original del Ministerio de Economía: en noviembre, le había ordenado a la empresa suspender toda “publicidad engañosa”, tras una denuncia del unicornio fundado por Marcos Galperin.

Las razones detrás del conflicto entre Mercado Libre y Temu

Asimismo, la defensa de la compañía solicitó que se ordene la restricción de acceso al expediente, argumentando que las piezas procesales podrían ser objeto de difusión mediática

Según supo LA NACION, la autoridad convocó a una audiencia a representantes de Mercado Libre y de Temu, en la que ambas partes llegaron a un acuerdo que luego fue homologado. El entendimiento puso fin a las denuncias administrativas recíprocas que se tramitaban bajo el marco del Decreto 274/19 de Lealtad Comercial: la primera fue de Mercado Libre contra Temu por presuntas publicidades engañosas; la segunda, de Temu contra Mercado Libre por una supuesta integración vertical abusiva.

Fuentes allegadas a la causa confirmaron a este medio que ambas partes acordaron revisar las conductas que fueron objeto de denuncia y modificar comportamientos para mejorar el cumplimiento de las normas. Con este movimiento -indicaron-, la medida preventiva que ordenaba el cese de publicidad de Temu quedó sin efecto. Además, como parte central de lo acordado, señalaron que ambas empresas se comprometieron a desistir de reclamos judiciales.

Cronología del conflicto

Según pudo reconstruir LA NACION a partir del expediente judicial, el conflicto estalló en julio de 2025, cuando Mercado Libre presentó una denuncia administrativa contra Temu ante la Dirección Nacional de Políticas para el Desarrollo del Mercado Interno, que está bajo la órbita de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, a cargo de Fernando Blanco.

Los argumentos de la empresa fundada por Galperin se centraron en tres pilares: publicidad engañosa, precios predatorios y mecanismos coercitivos.

La denuncia llegó cuatro meses después de que el gigante asiático iniciara operaciones en el país y luego de que armara una agresiva campaña para llegar a las redes sociales de los argentinos, y cerrara una alianza con el operador logístico Andreani para distribuir los paquetes. En julio ya habían reportado cerca de 300.000 envíos mensuales, fundamentalmente de bijouterie, juguetes, accesorios y ropa.

Temu no tardó en responder, calificando la acción de su competidor como una estrategia de “sham petitioning” o litigio abusivo. Según la firma de origen asiático, el objetivo de Mercado Libre era “hostigar a los nuevos entrantes mediante denuncias infundadas para así elevar los costos de ingreso al mercado para empresas emergentes como Temu, con el fin de asegurar a toda costa la consolidación en el tiempo de la posición de dominio que detenta”.

¿Acuerdo sin anuncio? Pese a las críticas, el Gobierno saldría al auxilio de la industria textil

Tras realizar una verificación de oficio, la autoridad nacional imputó a Temu y dictaminó una medida preventiva: le ordenó suspender toda publicidad efectuada en los canales digitales, propios o de terceros -sitio web, aplicación móvil y redes sociales- y anuncios o mensajes promocionales engañosos.

El caso llegó a la Justicia en enero, cuando Temu solicitó una medida cautelar contra la Dirección Nacional de Políticas para el Desarrollo del Mercado Interno para que se abstenga de avanzar en el proceso. La empresa planteó la inconstitucionalidad del proceso administrativo y alegó que estaba “plagado de vicios”.

Por un lado, Temu denunció que la autoridad clausuró el período de prueba de forma arbitraria el 9 de enero, sin haber resuelto antes sobre la procedencia de las pruebas ofrecidas por la empresa, ni notificar la apertura del período, ni permitir su producción. Y por el otro, Temu sostuvo que la imputación y la medida preventiva dictadas en su contra no solo “fueron ordenadas por un funcionario carente de facultades legales para hacerlo”, sino que “todo el procedimiento fue irregular y durante el mismo se violó su derecho de defensa”.

El expediente escaló incluso hasta la Corte Suprema de Justicia luego de que se generara “un conflicto negativo de competencia” entre la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Y el máximo tribunal remitió el caso a la Procuración General de la Nación, a cargo de Eduardo Casal, para que lo analice y dictamine qué cámara es competente.