El Gobierno reacciona ante el pedido de no bajar Ganancias y activa el debate en el Senado

Mientras que el presidente Javier Milei encara la agenda recargada en Davos esta semana, el ministro del Interior, Diego Santilli, continúa con las visitas a gobernadores para negociar el proyecto de modernización laboral y los asesores del Senado activaron este lunes la primera reunión extraoficial para preparar el terreno de febrero.

Estos movimientos se dan en un contexto de incertidumbre sobre cómo prosperará el capítulo fiscal de la reforma, ya que fue cuestionado por provincias aliadas debido a la reducción en la recaudación que implicaría una baja de las alícuotas del impuesto a las Ganancias para sociedades.

La senadora Patricia Bullrich ya comenzó a agilizar la “comisión técnica” a cargo de Josefina Tajes, la abogada laboralista y asesora de La Libertad Avanza, para terminar de pulir los detalles del texto antes de que llegue al recinto.

Según precisaron fuentes del Congreso a El Cronista, este primer encuentro entre asesores se llevó a cabo en el Anexo del Senado, sobre Hipólito Yrigoyen, y a partir de este martes comenzarán a llegar los senadores a Buenos Aires desde sus provincias.

En el medio, Santilli se llevó otro compromiso más para la votación: el del salteño Gustavo Sáenz, quien oficializó su acercamiento con La Libertad Avanza cuando acordó una silla en la Auditoría General de la Nación (AGN).

Según fuentes del Gobierno, Sáenz “manifestó estar dispuesto a encontrar los consensos necesarios” para avanzar en una “modernización de la legislación laboral que permita hacer crecer el empleo y beneficie a todas las provincias” y remarcó que “no hay que tenerle miedo al cambio ni a avanzar. Son leyes viejas que hay que ir cambiando”.

Este miércoles el funcionario también viajará a la provincia de Neuquén para reunirse con el gobernador Rolando Figueroa y el jueves a Entre Ríos para encontrarse con Rogelio Frigerio, y con ellos habrá completado 6 de las 10 reuniones que preparó para este mes de enero.

Con Chubut, Chaco, Mendoza, San Juan y estos otros tres territorios, el oficialismo podría garantizarse el apoyo de 11 diputados y 7 senadores que, junto al PRO y el bloque libertario, adhieren a un total de 118 diputados y 31 senadores. Para llegar a la mayoría requerida (129 en Diputados y 37 en el Senado), será clave además conseguir el apoyo de Corrientes, Tucumán, Catamarca y Misiones.

Además, Santilli tiene pendiente una reunión con Sergio Ziliotto, el opositor crítico de La Pampa que suspendió dos veces la reunión la semana pasada y fue uno de los que puso foco en el impacto fiscal de los recursos coparticipables.

El proyecto plantea que las empresas que hoy tributan el 35% del tributo empiecen a pagar el 31,5%, mientras que las que pagan el 30% bajarían al 27%. Dado que se trata de un impuesto cuyo 60% se coparticipa, algunos advierten que la medida podría desfinanciar a las provincias.

Según pudo reconstruir este medio, hay un grupo de gobernadores que directamente amenazan con no apoyar la reforma si va a implicar un costo para las provincias, mientras que otros piden un gesto para que que el impacto sea más moderado aunque se muestran a favor de bajar impuestos.

En la Casa Rosada hay posiciones contradictorias: hay voces de peso que aseguraron que “no hay margen para modificar nada” y que la instancia de la mesa consultiva con asesores de Bullrich en realidad apunta a ser una instancia de escucha. “Alguna vez nos dicen algo que tiene valor y lo incorporamos. Si hay algo de valor se podría incorporar”, consideraron.

En tanto, El Cronista pudo saber que el ala más “dialoguista” cree que en realidad flexibilizar la cuestión impositiva para que se apruebe el grueso del proyecto es un costo que están dispuestos a pagar. Puntualmente, uno de los interlocutores descartó ante la consulta de este medio que sea un tema que estén hablando con los gobernadores.

Como contó El Cronista, el viernes pasado el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó a una reunión de la Mesa Política con la participación del ministro de Economía, Luis Caputo, para evaluar estos planteos. No es un detalle menor que en el dictamen de diciembre incorporaron un artículo que le delega al titular del Palacio de Hacienda más control de la progresividad de las bajas impositivas.

El proyecto establece que las medidas “entrarán en vigencia cuando así lo disponga el Ministerio de Economía a efectos de dar cumplimiento a las metas asociadas a las políticas de equilibrio fiscal”, con lo cual la aprobación de la reforma no implicaría una implementación automática del capítulo fiscal.

En este sentido, desde el Gobierno sostienen que lo perdido en la recaudación se verá compensado con la formalidad del empleo que promoverá el proyecto y una vez que empiece a impactar, podrán avanzar con las bajas impositivas. Según un informe del Instituto de Análisis Fiscal (Iaraf), el costo fiscal de las modificaciones en el Impuesto a las Ganancias durante el 2026 sería de 0,22% del PBI.

Este debate es lo que atravesará las próximas semanas antes de que el proyecto aterrice en el recinto del Senado, donde pasará por la primera prueba de fuego desde la aprobación del Presupuesto 2026. La idea del oficialismo es que entre el 10 y el 11 de febrero se apruebe la reforma pero tendrán tiempo de sancionarla hasta el último día del mes, según el decreto de convocatoria publicado este lunes.