Alertan que Administración de Trump investigará denuncias de fraude en el SNAP: así podría limitar beneficios alimentarios

El gobierno de Donald Trump ha iniciado una investigación sobre el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), el mayor programa de beneficios alimentarios en Estados Unidos, tras identificar posibles casos de fraude que podrían afectar a millones de beneficiarios, según informó AP . La revisión busca asegurar que los recursos del programa se destinen únicamente a quienes cumplen con la ley.

Jennifer Tiller, asesora del Secretario de Agricultura Brooke Rollins, afirmó que el fraude puede ser cometido tanto por individuos como por minoristas o redes criminales organizadas . “Estamos viendo desde casos locales hasta esquemas más complejos que cruzan fronteras”, señaló, destacando la seriedad de la medida.

Con cerca de 42 millones de beneficiarios , el SNAP entrega un promedio de $190 al mes por persona. El gobierno federal ha solicitado a los estados información detallada de los participantes, incluyendo números de Seguro Social, fechas de nacimiento y estatus migratorio, para detectar irregularidades y prevenir pagos indebidos.

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De los $100 mil millones gastados anualmente en el SNAP, la gran mayoría se destina a beneficios directos, mientras que el resto cubre gastos administrativos. La ley exige que los hogares reporten ingresos regularmente y sean recertificados al menos una vez al año.

Algunos estados gobernados por republicanos ya han entregado los datos requeridos, mientras que la mayoría liderada por demócratas ha cuestionado la medida en tribunales, argumentando que podría violar la privacidad de los beneficiarios. Hasta ahora, los datos disponibles muestran que cientos de miles de personas fallecidas o recibiendo beneficios en varias jurisdicciones habían recibido pagos indebidos.

El USDA calcula que el fraude y los errores podrían sumar hasta $9 mil millones al año, aunque aún no ha detallado la metodología ni cómo se distribuye este monto entre tipos de fraude. Esta investigación podría derivar en restricciones más estrictas para acceder al SNAP, afectando a millones de personas que dependen de estos beneficios alimentarios.

Organizaciones que defienden los derechos de los beneficiarios han expresado su preocupación por que la investigación limite injustamente el acceso a alimentos.

Algunos expertos sostienen que muchos estados ya cuentan con sistemas para detectar irregularidades, y que la intervención federal podría generar retrasos o complicaciones en la entrega de beneficios.

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