El debate sobre las políticas santuario que protegen migrantes en Nueva York volvió a quedar en primer plano por una investigación oficial que expuso que un agente policial habría incumplido las normas que impiden colaborar con autoridades federales. En la Gran Manzana existe desde hace casi cuatro décadas una normativa que limita la cooperación con agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El informe que encendió las alarmas en Nueva York: un policía colaboró con el ICE

Según detalló NBC New York a partir de un informe del Departamento de Investigaciones de la Ciudad (DOI, por sus siglas en inglés), un oficial del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) habría violado las regulaciones de ciudad santuario.

En específico, el informe expone que cooperó con agentes federales de inmigración en una serie de incidentes registrados entre noviembre de 2024 y el verano boreal de 2025. La pesquisa describió al menos cinco episodios en los que personal policial mantuvo intercambios con organismos federales vinculados con el monitoreo de extranjeros, a pesar de las restricciones vigentes.

El caso más significativo se centró en un agente asignado a una fuerza conjunta con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). De acuerdo con el reporte, ese oficial accedió a elaborar una base de datos digital con presuntos integrantes de la organización criminal Tren de Aragua y la compartió con funcionarios federales que mantenían contacto directo con el NYPD.

Aunque la acción no derivó en arrestos, la conducta fue considerada inapropiada y motivó que el agente fuera apartado de la fuerza conjunta. Además, se limitaron sus permisos de acceso a los sistemas internos del NYPD.

Cómo nació la política de ciudad santuario de Nueva York: las leyes que protegen migrantes

La idea de “ciudad santuario”, según describió The New York Times, no constituye una categoría legal, sino una expresión que identifica a jurisdicciones que establecen barreras para impedir que agencias municipales colaboren con autoridades migratorias federales.

En la práctica, esas restricciones funcionan como un muro que evita el intercambio de información entre quienes brindan servicios públicos, como policías, docentes o personal sanitario, y los agentes que buscan detener o deportar a personas sin estatus legal.

El origen de estas disposiciones en Nueva York se remonta a la década de 1980, cuando el entonces alcalde Edward Koch emitió una orden ejecutiva que impedía que las dependencias municipales compartieran con los funcionarios federales datos sobre los inmigrantes, salvo que existieran sospechas de actividades delictivas.

La instrucción fue reeditada por gestiones posteriores y, con el paso de los años, otras ciudades de Estados Unidos adoptaron medidas similares.

En 1996, luego de que el Congreso impulsara una ley destinada a evitar que las municipalidades retuvieran información sobre extranjeros, el entonces alcalde de la Gran Manzana, Rudolph Giuliani, acudió a la Justicia para defender la orden ejecutiva.

Pese a que el litigio no prosperó, la siguiente administración modificó la política para adecuarla a la normativa federal: en 2003, Michael Bloomberg, que estaba a cargo del gobierno de la ciudad de Nueva York, dispuso que los empleados públicos no preguntaran por el estatus migratorio de los vecinos, excepto en circunstancias puntuales.

La gran transformación de Nueva York en 2014, a favor de los migrantes

En 2014, la administración del entonces alcalde Bill de Blasio aprobó un paquete legislativo que amplió de manera significativa el alcance de estas protecciones, según precisó The New York Times. Las nuevas leyes limitaron casi por completo la ayuda de la Policía y del sistema penitenciario a los agentes del ICE para deportar a personas sin papeles.

Hasta ese momento, las expulsiones habían llegado a cifras récord durante el mandato de Barack Obama, con unas 400 mil separaciones familiares por año en todo el país norteamericano. Parte de ese incremento obedecía a la articulación entre el ICE y los gobiernos locales, que facilitaba el traslado de inmigrantes arrestados desde las cárceles municipales hacia el sistema federal de deportaciones.

El gobierno de De Blasio puso fin a ese mecanismo mediante leyes que expulsaron al ICE de sus oficinas dentro del complejo carcelario de Rikers Island y fijaron límites estrictos al contacto entre agentes federales y el Departamento de Correcciones.

Además, estableció excepciones únicamente para inmigrantes condenados por delitos graves o violentos, una lista que supera las 170 figuras penales, como homicidio o violación. Asimismo, obligó a que cada solicitud fuese acompañada por una orden judicial firmada por un juez federal.

Con la llegada de Donald Trump a la presidencia en 2016, la Gran Manzana sumó otras barreras, como exigir que el ICE presentara órdenes judiciales para ingresar a escuelas, albergues u otros edificios públicos. A nivel estatal, una ley de 2020 también prohibió que los agentes migratorios efectuaran arrestos dentro de tribunales municipales o estatales, según indicó The New York Times.