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El consenso legislativo se alcanzó tras la inclusión de un fondo de emergencia de $350.000 millones para los 135 municipios bonaerenses, a distribuir en cinco cuotas, así como el reparto de cargos en el Bapro y organismos clave.  La Legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó en la madrugada del jueves la Ley de Financiamiento que autoriza al gobernador Axel Kicillof a tomar deuda por US$ 3.685 millones para afrontar vencimientos, obras y gastos corrientes. La norma, sancionada tras una sesión que se extendió durante más de 14 horas, habilita al Ejecutivo bonaerense a refinanciar pasivos por US$ 1.990 millones, realizar operaciones por US$ 1.045 millones en el sector público y otorgar fondos a empresas estatales, como AUBASA y Buenos Aires Energía. La ley obtuvo media sanción en Diputados a la 1:30 de esta madrugada, 4 de diciembre de 2025, con 62 votos afirmativos, apenas uno más del mínimo requerido, y fue convertida en ley minutos pasadas las 3 en el Senado, con 31 votos a favor, luego de intensas negociaciones entre el oficialismo y bloques opositores. El consenso legislativo se alcanzó tras la inclusión de un fondo de emergencia de $350.000 millones para los 135 municipios bonaerenses, a distribuir en cinco cuotas, así como el reparto de cargos en el Bapro y organismos clave. También se designaron nuevos consejeros generales de educación y se cubrieron vacantes en el Tribunal Fiscal de Apelación, con lugares para sectores del peronismo, el radicalismo, el massismo, el PRO y La Libertad Avanza. El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) respaldó el endeudamiento luego de compromisos del Ejecutivo para avanzar en negociaciones paritarias, mientras que el PRO votó dividido: acompañó el rollover pero rechazó el endeudamiento general. Durante la sesión se registraron momentos de tensión, como el intento del intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, de reincorporarse a su banca para votar en contra del proyecto, lo que derivó en un prolongado cuarto intermedio. La ley forma parte del paquete económico 2026, junto al Presupuesto de $41,5 billones y la Ley Impositiva ya sancionados, y es considerada clave por el gobernador para evitar un default provincial sin afectar partidas de salud ni educación. Kicillof necesitará ahora el aval del gobierno nacional para emitir deuda en mercados internacionales, en un contexto de restricciones fiscales y a pocos días del recambio legislativo del 10 de diciembre, que modificará el equilibrio de fuerzas en la Legislatura. En el recinto, se aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Provincia, que sumará seis nuevos integrantes a la entidad. El directorio del BAPRO queda conformado por: Alejandro Formento, Julio Pereyra, Carlos Orsingher, Javier Osuna, Matías Ranzini, Fernando Rozas, Martin Rodríguez, Marcelo Daletto, Carlos Moreno, Laura González, Gabriela De María, Adrian Urreli, Fernando Pérez y Sergio Bordoni. Los consejeros de educación serán Marcelo Zarlenga, Graciela Veneciano, Graciela Salvador, Graciela Ramundo, Rocío Ricciardelli, Aldana Ahumada, César Valicente, Carlos Bonino, Silvio Maffeo y Josefina Mendoza. Los ocho lugares en el Tribunal Fiscal serán para Virginia García, Gabriel De Pascale, Marcelo Giampaoli, Federico Carozzi, Cecilia Alejandra Oroz, Mariana Rodríguez, Ángel Villegas y María Fernanda Campo.

El Gobierno plantea penas más severas para homicidios, robos y explotación sexual infantil, elimina la prescripción en delitos graves y fija nuevas reglas para impedir la liberación anticipada. El Gobierno de Javier Milei avanza en la redacción de un nuevo Código Penal que propone una reconfiguración del sistema punitivo argentino para “terminar con la impunidad”. El mismo se confeccionó con la intención de generar cambios en la legislación penal que pongan fin a lo que describen como “una tomada de pelo a toda la sociedad”.  En este sentido, la iniciativa propone cerrar la “puerta giratoria” que permite que personas condenadas “sigan delinquiendo una y otra vez”. Entre otras modificaciones, la propuesta gubernamental endurece penas en un amplio abanico de delitos, elimina la prescripción en casos considerados especialmente graves y restringe los beneficios que hoy permiten reducciones o morigeraciones de condena. Los puntos principales del anteproyecto El Ejecutivo propone elevar mínimos y máximos en una amplia lista de delitos. “La pena de los delitos tiene que ser acorde al daño causado”, fundamenta el texto. Entre los casos más relevantes, el homicidio simple subiría de 8–25 años a “una sanción de 10 a 30 años”, mientras que el homicidio agravado, ya con pena de prisión perpetua, incorpora nuevos supuestos, como cuando la víctima sea el Presidente o ministros, menores de 16 o mayores de 65, o hechos cometidos “en un lugar de concurrencia masiva mediante armas, automotores u otros elementos aptos para producir la muerte de un número indeterminado de personas”. El endurecimiento también alcanza a delitos como lesiones, abuso de armas, omisión de auxilio y uso de imágenes de explotación sexual infantil. En este último caso, la pena pasaría de 3–6 años a “3 a 12 años”, con agravantes que elevan el mínimo a 4. Para la posesión con fines de distribución, la pena se ubica en “4 a 12 años de prisión”. El capítulo sobre robos incorpora figuras específicas para modalidades como “motochorros”, “viudas negras” y la apropiación de dispositivos electrónicos. El robo simple, por ejemplo, aumenta de 1 mes–6 años a “3 a 8 años de prisión cuando se comete con fuerza en las cosas”, y a “3 a 10 años cuando se comete con violencia sobre las personas”. Imprescriptibilidad de delitos graves Una de las modificaciones más profundas es la eliminación de la prescripción para un conjunto amplio de conductas. El documento afirma que el castigo de delitos graves “no puede verse condicionado por el tiempo, porque implica un acto de injusticia con las víctimas”. No prescribirán, entre otros, los homicidios agravados, abusos sexuales, grooming, producción y distribución de material de abuso sexual infantil, corrupción de menores, trata de personas, secuestro extorsivo, terrorismo y narcotráfico. “Independientemente de cuánto tiempo haya pasado, la Justicia va a poder investigar y responsabilizar al autor”, remarca el texto. Prisión efectiva y restricciones a beneficios El proyecto eleva mínimos penales para que una gran mayoría de delitos implique cumplimiento efectivo. Según el cálculo del Ejecutivo, “el 82% de los delitos serán de cumplimiento con prisión efectiva”. Además, amplía la lista de delitos que ya no podrán obtener condena condicional, entre ellos “robos especialmente agravados” y la portación ilegal de armas. La reforma también limita la liberación anticipada. Quedarán excluidos quienes tengan condenas por homicidio, robo seguido de muerte, robos con armas y delitos dolosos cometidos por funcionarios. “Si entraste varias veces a prisión no se te puede liberar anticipadamente, porque claramente no aprendiste nada”, sostiene el documento al justificar la exclusión también de reincidentes. Ejecución de la pena y otras reformas Otro punto clave es que las condenas comenzarán a ejecutarse cuando el tribunal superior rechace el recurso extraordinario federal, evitando la espera de un pronunciamiento de la Corte Suprema. También se establece que las condenas perpetuas “no tendrán límite temporal”, y que los funcionarios condenados por cualquier delito perderán automáticamente sus jubilaciones de privilegio. El proyecto “robustece el marco de la legítima defensa” y amplía la participación de las víctimas en decisiones que puedan afectarlas, como la concesión de beneficios penitenciarios. Las modificaciones, dice el texto, buscan dejar en evidencia “la relevancia de la víctima en el proceso”. Con información de Noticias Argentinas JIB

Buenos Aires será el 16 de diciembre la sede de una cumbre global sobre las denuncias de abusos y trata contra la organización católica mientras las víctimas aguardan a que Leon XIV tome una decisión sobre los nuevos estatutos de la organización. “A mí me engañaron porque me prometieron que iría a una escuela de niñas a estudiar hostelería y terminé como una esclava durante casi 30 años sirviendo y limpiando sin descanso”. “Yo logré escaparme luego de 16 años, pero me buscaron y volví por nueve años más hasta que pude volver a irme”. “Era menor cuando me entregaron el cilicio y la disciplina y me dijeron que debía flagelar cada día para emular el dolor de Jesús”. “Durante décadas han reclutado adolescentes en todo el mundo, de clases altas y de clases bajas, con métodos engañosos, a espaldas de sus padres y a espaldas del Vaticano”.  Estos son algunos extractos de los testimonios que se escucharán en la primera cumbre global sobre las denuncias de abuso espiritual, servidumbre y manipulación psicológica que afronta la institución católica Opus Dei y que tendrá lugar el próximo 16 de diciembre en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde se reunirán especialistas y denunciantes de América Latina y Europa. La iniciativa surgió de la organización global Ending Clergy Abuse (ECA), después de la audiencia privada e histórica con el papa León XIV en el Vaticano el pasado 20 de octubre: fue la primera vez que un jefe de la Iglesia Católica en funciones recibe a una ONG que lucha contra el abuso eclesiástico.  “La Iglesia tiene la responsabilidad moral de apoyar a los sobrevivientes y prevenir daños futuros”, dijo entonces Tim Law, cofundador y miembro de la Junta Directiva de ECA, de Estados Unidos. En aquella jornada, Robert Prevost también dio una audiencia privada al periodista peruano y exintegrante de ECA Pedro Salinas, quien investigó los abusos del Sodalicio de Vida Cristiana que derivaron en la disolución de la orden por parte de Francisco. A él lo conocía muy bien de sus años de misión en Perú.  “Prevost fue un aliado firme contra los abusos” “Desde 2018, cuando era obispo de Chiclayo y segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal, fue evidente su compromiso activo con la búsqueda de la verdad en el Caso Sodalicio y, a la vez, discreto pero eficaz, con las víctimas de abuso institucional y su determinación de combatir a la entonces secta católica. Ese compromiso continuó incluso cuando luego fue designado cardenal prefecto del Dicasterio para los Obispos”, afirma Salinas a elDiario.es. El periodista de investigación y exmiembro del Sodalicio, autor de Mitad monjes, mitad soldados y de La verdad nos hará libres será uno de los anfitriones de la jornada sobre el Opus Dei en Buenos Aires. “A diferencia de otros prelados cobardes y apocados e indolentes, Prevost fue uno de los aliados más firmes que tuvimos en esta historia en Perú y luego con su elección como Papa, donde continuó recibiendo ataques difamatorios por parte de los remanentes del Sodalicio de Vida Cristiana”, remarcó Salinas, que por sus denuncias sufrió una persecución mediática y judicial que podría llevarlo a la cárcel. En 2021, 43 mujeres denunciaron ante los medios de comunicación y ante el Tribunal para la Doctrina de la Fe del Vaticano que habían sido engañadas y sometidas a explotación por el Opus Dei como sirvientas sin remuneración y en condiciones de semiencierro durante décadas desde que eran adolescentes en la Argentina.  La denuncia, aunque no fue respondida formalmente por la Santa Sede, impulsó la decisión del papa Francisco de modificar la jerarquía y quitar privilegios a “la Obra” fundada por Josemaría Escrivá de Balaguer en 1928 y presente en 68 países del mundo en los cinco continentes. Además, el jefe máximo de la Iglesia Católica exigió un cambio de estatutos a la institución que en 2025, tras su muerte, fueron entregados a su sucesor, el papa León XIV. En medio de la expectativa sobre qué hará León XIV con el Opus Dei se celebrará la cumbre en Buenos Aires. La capital argentina fue elegida, ya que es allí donde pesa una acusación formal contra las máximas autoridades del Opus Dei en ese país durante los últimos 40 años. La acusación se elevó en octubre de 2024 tras dos años de investigación secreta de la Procuraduría contra la Trata y Explotación (PROTEX) y la Fiscalía Federal N°3, a cargo de Eduardo Taiano, quienes consideraron que “hubo un sistema de reclutamiento y explotación de mujeres pobres: servidumbre para miembros de élite y sacerdotes”. Entre los acusados se encuentra el sacerdote Mariano Fazio, el segundo hombre más importante del Opus Dei en el mundo en la actualidad. Entre los invitados a disertar en la cumbre estará el periodista inglés Gareth Gore, autor de Opus, la productora Mónica Terribas, directora de la serie de MAX El minuto Heroico, y la periodista argentina Paula Bistagnino, quien sacó a la luz el caso de las mucamas del Opus Dei. También estarán los abogados de ECA Pedro Salinas y Lucas Lecour y el abogado de las 43 denunciantes argentinas, Sebastián Sal. El último bloque tendrá los testimonios de exmiembros de la organización cuestionada de España, México, Perú, Irlanda y Argentina, que piden que la Santa Sede escuche sus testimonios antes de definir el futuro de la organización.  Imagen promocional de 'El minuto heroico: Yo dejé el Opus Dei'. EFE. CEDIDA Los testimonios que sentaron al Opus Dei en el banquillo Susana Lencina era la criada adolescente de una familia en Rosario cuando su patrona la subió a un coche para que la llevaran a la escuela de mucamas del Opus Dei en Buenos Aires. A Tita Villamayor la fueron a buscar con su prima en un pueblo rural de Paraguay a los 15 años con la promesa de una escuela en la capital, Asunción, y pronto la llevaron a la Argentina y la pusieron a trabajar. Beatriz Delgado logró escaparse después de servir 16 años sin salario y en condiciones de encierro, pero la encontraron y la obligaron a regresar contra su voluntad por nueve años más. A Alicia Torancio la sobremedicaron con pastillas psiquiátricas y la dejaron en una habitación para que ninguna de sus compañeras pudiera verla. Cuando falleció su padre, Norma Martínez no tenía dinero para el entierro y no la ayudaron; le dijeron lo mismo que cuando pedía ver a su familia: que practicara el desprendimiento y que su familia era la Obra.  Las de Susana, Tita, Beatriz, Alicia y Norma son solo cinco de las 44 historias que la justicia argentina escuchó en los últimos dos años antes de presentar una histórica acusación por trata de personas y explotación laboral contra las autoridades regionales de la Prelatura de la Santa Cruz y el Opus Dei, que pone a las máximas autoridades de la organización en la región Río de la Plata en el banquillo.