Piden a Semarnat investigar autorizaciones ambientales en Quintana Roo
Cancún, QRoo.- Organizaciones ambientalistas tanto estatales como del centro del país emitieron un pronunciamiento respecto del actuar de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo (Sema) en diversos Procedimientos de Evaluación del Impacto Ambiental (PEIA), en los que “se advierten irregularidades reiteradas”.
Las organizaciones señalan prácticas de opacidad, conductas que inhiben de manera sistemática la participación ciudadana y, de forma particularmente preocupante, la invasión de competencias federales, al asumir la evaluación de proyectos que, conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), corresponde realizar a la federación.
Acusan que Sema ha realizado prácticas administrativas para inhibir la participación ciudadana, mediante el uso de formalismos excesivos, criterios restrictivos e interpretaciones indebidas o maliciosas de la ley estatal y su reglamento.
“Todo esto ha evitado que se abran consultas públicas, incluso en casos donde la legislación ambiental lo permite o incluso lo exige expresamente”.
Señalan también el otorgamiento “exprés” de autorizaciones ambientales, lo cual ha impedido que la sociedad conozca oportunamente los proyectos y que pueda solicitar la apertura de consultas públicas.
“Con esto, se impide ejercer el derecho a la participación, el cual está reconocido en la ley ambiental nacional y en los estándares internacionales en materia de derechos humanos”, añaden.
Se trata de 11 organizaciones entre las que se encuentran el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda); Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS); Selvame MX; MOCE Yax Cuxtal Grupo GEMA del Mayab, entre otros.
Cierran su pronunciamiento solicitando al Semarnat una investigación para verificar si, además de lo anterior, Sema -de la mano de la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) del estado- está llevando a cabo de forma ilegal la inspección y vigilancia de proyectos que corresponden en estricto sentido a la Federación y, de ser el caso, detenerlo de inmediato.
Asimismo, solicitan que se garantice que los proyectos que, conforme a la LGEEPA, deban ser evaluados en el ámbito federal, no sean indebidamente tramitados o resueltos por autoridades estatales y exigir la presentación y evaluación de nuevas manifestaciones de impacto ambiental cuando la magnitud, alcance, modificación o impactos acumulativos de los proyectos que así lo ameriten.
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