El Departamento de Justicia de Trump quiere dar luz verde a violaciones éticas: experto legal

Durante su primera presidencia, Donald Trump tuvo enfrentamientos amargos con dos fiscales generales conservadores de EE.UU.: primero el ex senador Jeff Sessions (R-Alabama), luego Bill Barr. Pero para su segunda presidencia, Trump ha hecho un esfuerzo concertado para poner a leales de extrema derecha MAGA a cargo del Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) y el FBI. Y un número récord de funcionarios del DOJ y el FBI han renunciado.

En un artículo de opinión/ensayo publicado por el New York Times el viernes 13 de marzo, Deborah Pearlstein —profesora de derecho en la Universidad de Princeton en Nueva Jersey— describe el temor a violaciones éticas que enfrentan los fiscales federales del DOJ durante la segunda Administración Trump.

"Como todos los demás abogados con licencia para ejercer en Estados Unidos, si violan las reglas de ética legal, pueden enfrentar sanciones en la corte o disciplina profesional, incluyendo la pérdida permanente de su licencia para ejercer", explica Pearlstein. "Los esfuerzos para anular las elecciones de 2020 fracasaron en la corte más de 60 veces, ante jueces de ambos partidos, en parte porque los abogados que argumentaban el caso del presidente Trump a menudo temían decirle a una corte las mismas mentiras extravagantes que el presidente le decía al pueblo estadounidense. Eso fue entonces. Ahora, bajo presión para ignorar una serie de reglas de ética, un gran número de abogados del Departamento de Justicia han renunciado, optando por perder sus empleos pero salvar sus carreras."

Pearlstein continúa: "Entre estas salidas y una purga de miembros del personal legal vistos como insuficientemente leales a la agenda del presidente, el departamento ha perdido miles de abogados. Se nota: Los escritos están plagados de errores. Los abogados llegan a la corte groseramente desprevenidos. Lo peor, las órdenes judiciales permanecen violadas —en algunos casos, parece, porque no había suficientes abogados disponibles para asegurar que se cumplieran."

El DOJ, señala la académica legal, está haciendo "un esfuerzo cada vez más desesperado para reclutar nuevas contrataciones" debido a todas estas salidas —mientras que la Administración Trump propone "una solución diferente: una regla propuesta que tiene como objetivo proteger a los abogados del Departamento de Justicia de investigaciones éticas independientes."

"Tal acuerdo violaría una ley federal conocida como la Enmienda McDade, que establece que los abogados del gobierno están sujetos a las reglas de ética de los estados en los que ejercen, 'en la misma medida y de la misma manera' que cualquier otro abogado con licencia en el estado", advierte Pearlstein. "La regla propuesta sería impugnada en la corte inmediatamente si llegara a entrar en vigor. Sin embargo, no debería llegar tan lejos. Haría mucho más que potencialmente darles a los abogados del Departamento (de Justicia) pase libre para mentir en nombre del presidente."

Pearlstein continúa: "Limitaría severamente la capacidad de las cortes de ofrecer cualquier tipo de control independiente sobre el poder ejecutivo... Bajo la regla propuesta, el fiscal general podría pedirle a cualquier autoridad disciplinaria independiente que suspenda los procedimientos éticos contra un abogado del Departamento de Justicia, bajo amenaza de acciones de cumplimiento no especificadas, y enviar el asunto a la propia Oficina de Responsabilidad Profesional del departamento. Pero una revisión de OPR no es un sustituto serio para una investigación del colegio de abogados estatal."

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