Salinas Pliego ante el SIDH

En un contexto global en el que el derecho internacional —y en particular el derecho internacional de los derechos humanos— se encuentra en una crisis histórica y es vilipendiado e ignorado por los grandes poderes globales, resulta extraña, casi pintoresca, la nota publicada por el diario El País en su versión electrónica del día de ayer bajo el siguiente encabezado: “Salinas Pliego denuncia a México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por ‘persecución política’”.

Un sistema de protección que surgió para brindar garantía a los derechos humanos de las personas más débiles en un continente caracterizado por el abuso de los poderes públicos y privados más descarnados, es recurrido por uno de los empresarios más poderosos de nuestro país porque el gobierno mexicano le exige el pago de 51 mil millones de pesos que le debe al erario público.

Es posible afirmar de manera categórica la existencia de la deuda porque todas las instancias judiciales nacionales a las que el empresario recurrió confirmaron su existencia y la obligación —hasta ahora incumplida— de pagarla.

Lo aclaro de inmediato. No estoy en contra de que el señor Salinas Pliego ejerza su derecho a la defensa e intente configurar su adeudo exigido en una violación indirecta a su “libertad de expresión y su participación en el debate público” (según puede leerse en la nota referida), pero me parece un acto de oportunismo político —que algún abogado avieso le sugirió— que no lo llevará a ningún lado. Al menos no lo conduciría, en ningún escenario jurídico, a evadir el pago reclamado.

Los tiempos de los casos en el sistema interamericano —primero ante la comisión y después ante la Corte (suponiendo que el asunto llegara hasta esta instancia jurisdiccional)— son muy distintos a los que requiere el reclamo del empresario. Además, la naturaleza fiscal del reclamo que activa el asunto es muy poco viable en un tribunal dedicado a la defensa de los derechos humanos de las personas más débiles y vulnerables.

La situación de personaje público y mediático del señor Salinas tampoco abonará a su causa. Se trata de un personaje que reclama al poder desde el poder y que difícilmente puede considerarse víctima de un abuso estatal. Incluso, supongamos sin conceder que, al cabo de los años, la Corte IDH concediera la razón al empresario y lo considerara víctima de una persecución política —lo que sería un acto de autoritarismo estatal—; aun así, se ve difícil que ordenara al Estado mexicano devolver los recursos pagados por adeudos fiscales comprobados.

El tema fiscal va “por cuerda separada” y tiene un cauce que ya sabemos en dónde desembocará. No sé cuándo ni en qué términos, pero tarde o temprano todo indica que el adeudo fiscal tendrá que ser saldado.

Otra cosa es el uso político de las instituciones —en este caso internacionales— para escalar un conflicto de esa naturaleza que lleva meses creciendo y que —ese sí— tiene derroteros inciertos.

¿Hasta dónde y hacia dónde llevará el empresario su confrontación con el actual gobierno y con su movimiento? Es una pregunta relevante, pero que no será resuelta por ningún tribunal.

Desde esa perspectiva, el recurso ante el sistema interamericano adquiere un cariz distinto y se coloca en el mapa de una batalla mediática que sube y baja de tono según las circunstancias y que se cuece en la olla de la disputa por el poder, no de la defensa por los derechos.

Por eso considero que el recurso ante el sistema regional de protección es un despropósito que contribuye a socavar —aún más— la legitimidad y la utilidad práctica de ese importante mecanismo internacional.

Esa suerte de uso retórico de las instituciones debilita su credibilidad para promover, proteger y garantizar los derechos de las personas más débiles que, día a día, en todo el continente, sufren vejaciones y violaciones a sus derechos fundamentales.

Si pensamos en Rosendo Radilla desaparecido, en las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, en las mujeres indígenas violentadas por militares en la sierra de Guerrero o en las personas encarceladas durante décadas mediante la aplicación de la figura draconiana de la Prisión Preventiva Oficiosa sin sentencia condenatoria alguna, el recurso del señor Salinas ante el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos resulta entre patético y ofensivo. Lo lamento, pero así es.